Ante la situación creada, debido a la medida de urgencia de la Junta de Andalucía para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados en la provincia de Almería, con la ampliación de plazas en el Centro de Menores inmigrantes El Saltador en el que se ubica un nuevo centro en la Loma de Nieva, el Alcalde, Domingo Fernández, ha pedido explicaciones a la Junta de Andalucía por la apertura de dicho centro en el término municipal de Huércal-Overa “sin haber tenido antes en el Ayuntamiento conocimiento alguno, algo que consideramos como una falta de respeto al pueblo de Huércal-Overa ya que a día de hoy, cuando son dos semanas las que llevan los menores en la vivienda, aún no se ha trasladado contestación alguna ante el requerimiento del Concejal de Urbanismo, Manuel Buitrago con fecha de 20/07/2018 en el que se muestra el desconocimiento por si   la vivienda cumple con las normas de seguridad, habitabilidad y salubridad para poder albergar este centro. A día de hoy no tenemos constancia oficial alguna en este Ayuntamiento de la situación en la que se encuentran estos menores”.

 

Desde el  Ayuntamiento de Huércal-Overa manifestamos:

 

1º. La ausencia de información oficial por parte de la Junta de Andalucía de la instalación de este nuevo centro en Huércal-Overa, ampliación del ya existente ante la falta de capacidad del mismo. La información de la apertura llegó ante el revuelo ocasionado por los vecinos con la apertura de este nuevo centro.

 

2º. Ante esta situación el Alcalde y representantes del equipo de Gobierno se han reunido en diversas ocasiones con los vecinos para conocer la situación y trasladarles la falta de información por parte de la Junta.  Así mismo, los concejales de Bienestar Social. Emilio Pérez, y el edil de Urbanismo. Manuel Buitrago, tras las reuniones mantenidas, el miércoles 25 de julio fueron a hacer una visita y se les prohibió la entrada por los gestores del centro al tratarse de una titularidad de la Junta de Andalucía.

 

3º. Debido a la denuncia de los vecinos se emite informe policial en el que, tras la inspección del lugar, en la vivienda se encuentran 23 menores inmigrantes. Los responsables en el centro comunican, que para esta actividad, al tratarse de un Plan de Emergencia, no se necesita ningún tipo de licencia municipal.

 

4º. Desde el Ayuntamiento se requiere a la Junta de Andalucía, el pasado 20 de julio, certificado en el que conste que no es necesaria la licencia para la citada actividad, a lo cual a día de hoy no hemos tenido contestación alguna, lo cual deja claro la dejadez de la Junta en este tema.

 

5º. Tras conversaciones con los técnicos de la Delegación de Salud nos comunican que sólo es necesario un informe emitido por un técnico de la Junta en el que se dicte que la vivienda cumple con la función encomendada, es suficiente para la Custodia y Protección de estos menores. Informe que, al igual que el anterior, no consta en este Ayuntamiento.

 

6º. Con el ánimo de que estos menores estén en una situación digna y habitable esperamos que se cumplan las actuaciones necesarias por parte de la administración competente, que es la Junta de Andalucía.

 

7º. Ante la alarma social creada entre los vecinos, pedimos calma ya que se está trabajando desde el Ayuntamiento para encontrar una solución óptima para todos, ya que entendemos que estos menores están amparados por la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del menor y la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social

 ya que “la Junta de Andalucía tiene la obligación legal de atender a todos los menores que se encuentran en situación de desamparo en la Comunidad Autónoma y garantizar su bienestar. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Susana Díaz, aprobó el pasado martes 10 de julio una medida de emergencia de más de 3 millones de euros ante la oleada de llegada de  inmigrantes a las costas española.

 

8º. Consideramos que toda esta situación se podría haber evitado si hubiera existido una mayor comunicación entre administraciones, y por parte de la Junta de Andalucía se hubiera buscado un lugar idóneo para la ubicación teniendo en cuenta la población del mismo y se hubiera informado al Ayuntamiento como corresponde.

 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento instamos al delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, José María Martín Fernández, a que de las explicaciones pertinentes  a los vecinos por esta medida adoptada, algo que debería de haber hecho con anterioridad a su apertura, y que estudie la idoneidad del lugar elegido para la ubicación, aportando una alternativa.